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SALA DE LECTURA.

PROPONEN CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN A PERIODISTAS EN EL CONGRESO DEL ESTADO


Dip. Gabriela Martínez Lárraga

●.- La libertad de expresión es un derecho humano que debe ser protegido con especial responsabilidad del estado: Dip. Gabriela Martínez Lárraga.

San Luis Potosí, México. 28 │ 11 │ 2021 │ ● La diputada Gabriela Martínez Lárraga presentó una iniciativa de Acuerdo Económico para la creación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas en el Congreso de San Luis Potosí.

Se plantea que esta Comisión Especial tenga las funciones de: recepción de quejas y denuncias de personas periodistas; recepción de iniciativas, puntos de acuerdo, u otras iniciativas a partir de las facultades de esta Soberanía; contrapeso político para la atención de violaciones a derechos humanos de quienes se dedican al periodismo; y las demás que se desprendan de otros ordenamientos legales.

En su exposición de motivos, la diputada señala que la libertad de expresión es un derecho humano que debe ser protegido con especial responsabilidad del Estado y que aunque existe un Sistema Estatal de Protección, se considera que debe legislarse sobre la creación de una Comisión Especial de Atención a Periodistas.

Agrega que la labor que realizan los medios de comunicación es vital para el fortalecimiento democrático, por lo cual, ante el patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra mujeres y hombres periodistas, se necesita la representación y un contrapeso político en el amparo y protección se su labor periodística, por cual es que se propone crear la Comisión Especial de Atención a Periodistas.

Señala que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos; como así se afirma en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así, la obligación de respeto, contenida en la Convención, se traduce principalmente en obligaciones negativas o de no hacer, tales como no obstaculizar, interferir o impedir el goce de los derechos humanos; es decir, conlleva una abstención del Estado.

Manifiesta que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran la obligación adicional de “adoptar medidas” que pueden ser de carácter legislativo, o de cualquier otro que fuere necesario para hacer efectivos los derechos y libertades allí reconocidas. Asimismo, las obligaciones estatales dispuestas en la Constitución se complementan con aquellas derivadas de las fuentes internacionales.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación.


Ni Perdón, Ni Olvido: Capítulo 1. VINCULAN A CÁNDIDO OCHOA ROJAS, Y A JOSÉ LUIS RUIZ CONTRERAS, CON EL CRÍMEN ORGANIZADO


Ni perdón, Ni Olvido: Capítulo 1.

San Luis Potosí, México.

FECHA: Mayo 30, 2012.

FUENTE: http://www.códigosanluis.com

Pese a que el ex secretario de Gobierno Cándido Ochoa Rojas lo negó públicamente, existe abierta en su contra una averiguación previa por parte de la Procuraduría General de la República, con el número de expediente PGR/SLP/SLP/-VIII/221/D/2011, por extorsión y complicidad con el grupo delictivo denominado “Los Zetas”.

En un expediente, cuya copia tiene este medio, consta que, el también ex Procurador General de Justicia, José Luis Ruiz Contreras, estaría siendo investigado por extorsión y complicidad con dos detenidos confesos, pertenecientes a dicha célula del crimen organizado.

De acuerdo con el documento, en 2010, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un grupo de personas en el negocio denominado “Grúas San José”, entre las cuales se encontraban elementos de los “Zetas”. Dos de ellos, en sus declaraciones afirmarían trabajar para Cándido Ochoa, entonces Procurador General de Justicia del Estado.

El expediente señala además que el subprocurador José Luis Ruiz Contreras, quien se encargaba de cualquier asunto importante que requiriera el manejo discrecional del expediente, habría pedido 20 mil pesos a cada uno por su libertad, bajo el argumento de que Ochoa Rojas había dado su visto bueno a la situación.

Otro antecedente que liga directamente al ex secretario general de gobierno con “Los Zetas”, es el caso de su ex jefe de escoltas, José Luis Zuviri Eveiri, quien fuera detenido en mayo de 2012 junto a José Rolando Galván o Juan Pablo Hernández Macías, alias “El Rolas”, identificado entonces como uno de los principales líderes de dicho cártel en el estado.

Zuviri Eveiri, se dedicaba presuntamente a reportar los operativos realizados por diferentes corporaciones policiales además de reclutar gente al servicio de la organización, así como su supuesta participación en plagios de integrantes de grupos antagónicos.

El pasado viernes, el editorial “Templo Mayor”, perteneciente al periódico de circulación nacional Reforma, haría alusión a los nexos de Ochoa Rojas con los “Zetas” y a una investigación abierta en su contra por esta situación, sin embargo, la mañana de este miércoles, mediante una carta dirigida al medio, a modo de réplica, el ex funcionario del gobierno de Fernando Toranzo lo negó tajantemente.

Con los documentos presentados por este medio, se documenta de manera fehaciente la investigación por vínculos con el crimen organizado que pesa sobre Cándido Ochoa Rojas, quien actualmente se sabe, busca la candidatura al IV Distrito Federal con cabecera en Ciudad Valles.


YA PASARON 5 AÑOS, Y ROCÍO CERVANTES SALGADO, ENCUBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, DEL AUTO ROBO DE 8 MILLONES DE PESOS EN LA ASE


Rocío Cervantes Salgado, encubre, el Auto Robo, de 8 millones de pesos en la ASE (Portada para Facebook)

Parte I. Escribe │ David Rangel.

San Luis Potosí, México. Viernes 12 de noviembre del año 2021.

Ya pasaron 5 años, del auto robo de 8 millones de pesos, a una cuenta de la Auditoría Superior del Estado, contratada con el BANCO BANORTE.

La actual auditora superior, Rocío Cervantes Salgado, encubre los resultados de la investigación.

CRÓNICA DE UNA DENUNCIA PENAL, QUE AÚN NO TIENE UN FINAL FELIZ:

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La Auditoría Superior del Estado (ASE), a través de un comunicado de prensa del viernes 25 de noviembre del año 2016, dio a conocer que fue víctima de un robo cibernético, perpetrado a través de su cuenta bancaria contratada en el Banco BANORTE. Le hurtaron por lo menos 8 millones de pesos.

La Coordinadora de Administración, Finanzas y Servicios de la ASE, en San Luis Potosí, Gloria Raquel Rivera, manifestó que se interpuso la denuncia respectiva ante las instancias correspondientes, como la Procuraduría de Justicia en el Estado, y la Delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en la ciudad de León, Guanajuato, con atención a la Subdelegación ubicada en San Luis Potosí.

Personal de la ASE interpuso una denuncia penal, en cuanto se percató del robo digital, ante la Visitaduría General de la Procuraduría de Justicia, misma que la canalizó a la Mesa II.

También se acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a fin de que interviniera ante el banco para que éste revisara internamente lo sucedido y reintegre el monto de lo sustraído, lo que hasta la fecha sigue pendiente, informó la ASE.

El 7 de diciembre del año 2016, la reportera Verónica Espinosa de la Agencia de Noticias APRO, escribió que: “Ladrones cibernéticos compraron varios autos de lujo en una agencia de Guadalajara, Jalisco, con recursos que hurtaron por esa vía, a la Auditoría Superior del Estado (ASE). Tres autos Audi de lujo con un valor total de 6 millones 200 mil pesos, fueron asegurados por personal de las procuradurías de Jalisco y San Luis Potosí, en una agencia de esta marca en la capital tapatía, luego de que fueran adquiridos con recursos públicos, que se desviaron de una cuenta bancaria a nombre de la ASE a otras cuentas, de donde se efectuaron las compras”.

Como resultado de la investigación, se pudo establecer la ruta que siguió el dinero robado, mismo que llegó hasta una cuenta de Audi en Guadalajara, correspondiente a la agencia donde se adquirió la flotilla de automóviles de lujo. La cuenta fue bloqueada.

Éstos fueron asegurados por la Procuraduría de Justicia como parte de la investigación, pero no serán entregados a la Auditoría Superior, sino que quedan bajo resguardo de la PGJ.

“Lo que ocurra con los autos no es competencia de la Auditoría; lo que se requiere es el reintegro del dinero que fue sacado de esa cuenta, así como los intereses que debió generar la cantidad y que se han perdido, y los daños, porque hubo problemas con algunos pagos que rebotaron”, dijo el auditor superior José de Jesús Martínez Loredo.

Hasta el día de hoy (martes 21 de marzo de 2017), no se ha recuperado la totalidad del robo, y, tampoco hay detenidos.

Fuentes del Sindicato de Trabajadores BANORTE, que fueron consultadas por EL MUNDO DE SAN LUIS POTOSÍ, desmintieron que sus Protocolo de seguridad hayan sido rotos por un hacker (Pirata Informático).

“Fue un funcionario de la ASE, que tenía un token, un nombre de usuario, y una contraseña del banco en Línea BANORTE”, dijo.

Las transferencias financieras de BANORTE POR INTERNET, “son imposibles de robar”, afirmó. Y describió los protocolos de protección de los servicios por la Banca Móvil.

SEGURIDAD BANORTE: TOKEN, USUARIO, CONTRASEÑA.

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El token internamente tiene un reloj que está en combinación con el reloj del sistema central del Banco para identificar cuál es el código dinámico del token válido en ese momento. Dejar de utilizar el token en el servicio de Banco en Línea provoca que el reloj interno del token se sincroniza en tiempo con el reloj central del Banco. En caso de un desfase del tiempo para validar el token, el sistema de Banco en Línea indica que debes de sincronizar el token para poder entrar al servicio, sin embargo, tú mismo puedes tomar la iniciativa antes de solicitar la entrada a Banco en Línea con tus claves de acceso. Te recomendamos entrar a Banco en Línea al menos una vez cada quince días.

El token de Banorte es un dispositivo electrónico que despliega una clave numérica, misma que en combinación con el usuario y contraseña, ofrece el máximo nivel de seguridad para el acceso a Banco en Línea y tus operaciones financieras vía Internet. El token está basado en una tecnología de la empresa RSA Security, Inc., cuenta con seis posiciones numéricas que cambian cada 60 segundos, lo que lo hace dinámico y asegura tus operaciones.

Uno de los puntos medulares que tiene el esquema de seguridad del token es que cuando se utiliza el código dinámico generado por el token para entrar a internet o para realizar una operación monetaria, el valor utilizado es único y válido sólo una vez en la vida del token. Los tokens son fabricados y sellados con una batería que perdura durante la vida útil del token, por lo que no se requiere ningún mantenimiento o reemplazo de la batería. La vida útil del token es de aproximadamente cinco años.

El uso del token no requiere ninguna interacción en la computadora del cliente, es decir, no se tiene que instalar o mantener ningún paquete de software adicional. Hoy, este dispositivo de seguridad está disponible para todos los clientes a través de Banco en Línea y Banorte en su Empresa.

Los elementos asignados a los clientes son: usuario, contraseña y token. Cada elemento es particular y único para cada cliente. Sin el código del token, no es posible ingresar al sistema. Por lo cual el cliente debe activar y posteriormente resguardar el token todo el tiempo. La información procesada a través de Banorte por Internet es encriptada a 128 bits utilizando el protocolo de seguridad SSL*. El uso más conocido del mecanismo de seguridad SSL es la protección de las comunicaciones HTTP con el cual se identifica una dirección HTTPS:// como página segura.


“EMBARRAN A LUCY LASTRAS”, EN UNA CADENA DE PROBABLES DELITOS, HALLADOS EN LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, DEL GOBIERNO DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ


San Luis Potosí, México. Lunes 08 de noviembre, 2021.

“Embarran a Lucy Lastras”, en una cadena de probables delitos, hallados en la Dirección del Registro Civil del Gobierno de Estado de San Luis Potosí, de acuerdo con los recientes hallazgos, de la denominada “Herencia Maldita”.

“Deudas por más de 3 millones 300 mil pesos en pagos a proveedores, altos sueldos a empleados, personas comisionadas a otras dependencias que no fueron localizadas -porque no se presentaban a laborar- y exceso de trabas burocráticas en tramites sencillos, son parte de la herencia maldita detectada en la dirección del Registro Civil del Gobierno del Estado”.

Lo anterior fue señalado por la actual titular Deysi Maribel López Sierra, quien denunció que se encontró una total desorganización y falta de trabajo en la dependencia, “donde se utilizó la pandemia como pretexto para que muchos empleados y empleadas no se presentaran a cumplir con sus obligaciones laborales y se incapacitaran”.

Asimismo “Gobierno del Estado recibió en calidad de invasión más de 67 mil metros cuadrados pertenecientes a 200 predios del Fraccionamiento Ciudad Satélite, por lo cual se iniciarán los procedimientos judiciales de actuación, ya sea para dar certeza jurídica a las familias que ahí viven o recuperar los predios propiedad del Estado”.

Esto lo dio a conocer la directora general del Instituto de Vivienda del Estado, Leticia Mariana Gómez Ordaz, quien detalló que se analizará a profundidad la situación que actualmente guardan las personas que habitan estos predios, priorizando la legalidad y dar la resolución correspondiente.

En la cuestión administrativa, dio a conocer que siguen aflorando anomalías, porque hay muchas cuentas por pagar que la pasada administración les heredó, a pesar de que estos gastos ya estaban presupuestados, entre ellas el de la adquisición de hojas valoradas y formatos de registro.

Respecta al personal, López Sierra señaló la detección de quienes perciben sueldos muy altos, pero que inexplicablemente se encontraban comisionadas en otras dependencias como en la Dirección del Notariado, donde tampoco se les localizó, “es otro posible caso de ´aviadores´ que se descubre dentro del Gobierno del Estado”, expresó.

Estas circunstancias han complicado el inicio de la nueva dirección del Registro Civil, por lo que una vez terminado el análisis se hará la denuncia formal ante la Contraloría General con todas las pruebas obtenidas, para que no quede solamente en dichos y se realicen las averiguaciones y las sanciones necesarias.

Así mismo, Gómez Ordaz explicó que actualmente se está realizando un análisis para tener una postura jurídica con base en el fideicomiso que le dio origen a Ciudad Satélite y fincar responsabilidades por la gran deuda que se tiene con la Secretaría de Finanzas, así como para poder dotar de servicios públicos a las y los habitantes, ya que por las irregularidades no se pudo realizar la municipalización e incluso se pagaron contratos sin estar completos.

 

HALLAN UN POSIBLE FRAUDE, POR MIL 200 MILLONES DE PESOS, EN LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ

 


San Luis Potosí, México. Sábado 06 de noviembre, 2021.

La Dirección General de Pensiones enfrenta pasivos por más de mil 200 millones de pesos, derivado de los malos manejos y omisiones en que incurrieron las pasadas administraciones gubernamentales, a quienes podrían fincárseles responsabilidades administrativas y penales, por la difícil situación financiera en que dejaron la dependencia.

Lo anterior lo informó el titular de la Dirección, Jorge Alberto Escudero Villa, quien precisó que entre las anomalías que se han detectado se encuentran retenciones de diversa índole que no fueron enteradas a Pensiones y la falta de entrega del recurso presupuestado para la dependencia.

Otra situación que ha contribuido al difícil escenario financiero en el que se encuentra la Dirección  de Pensiones es el hecho de que no se llevaron a cabo las reformas legislativas necesarias, específicamente en el Fondo de Pensiones de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no obstante que desde 2014 se preveía el inminente agotamiento de los recursos del mismo.

Escudero Villa declaró que lo anterior es parte de la herencia maldita que ha quedado al descubierto dentro del proceso de Entrega-Recepción de los recursos públicos del Estado, auditorías y de estudios actuariales realizados en la Dirección de Pensiones que arrojaron un pasivo de más de mil 200 millones de pesos.

Consideró la situación actual de la Dirección como sumamente delicada, en cuyo rescate se trabaja a través de acciones interinstitucionales con las dependencias involucradas. “Estos actos que se llevaron a cabo a través de los años pueden incluso hoy implicar responsabilidades administrativas y penales”, expresó el funcionario estatal.

Destacó que, atento a esta situación, el Mandatario Estatal, Ricardo Gallardo Cardona giró instrucciones específicas para que se implementen las acciones necesarias que garanticen las pensiones de las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, de la mano de las dirigencias sindicales que conforman la Junta Directiva de la Dirección General de Pensiones, en un marco de respeto y transparencia en la toma de decisiones.


HABRÁ DENUNCIAS PENALES, EN CONTRA DE LAS IRREGULARIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE DEJÓ “LA HERENCIA MALDITA”: RGC


HABRÁ DENUNCIAS PENALES, EN CONTRA DE LAS IRREGULARIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE DEJÓ “DE LA HERENCIA MALDITA”: RGC

San Luis Potosí, México. Viernes 05 de noviembre, 2021.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que en cada una de las dependencias, (Salud, Obras Públicas, Pensiones), que hayan detectado irregularidades financieras o administrativas, se presentarán las denuncias ante las instancias correspondientes, pues “la herencia maldita, que dejaron las anteriores administraciones, está saliendo a la luz”.

Puntualizó que la aplicación estricta de la ley y de la justicia en los casos de corrupción, de obras mal hechas, de obras inconclusas, y de compras fantasma de medicamentos contra el cáncer, o fraudes con el programa de salud del Covid-19, entre otros, no será el titular del Ejecutivo Estatal quien investigue y aplique la ley a su gusto, sino de las instancias o instituciones correspondientes, como es la Fiscalía General y los órganos fiscalizadores o auditores.

“Quienes hayan engañado a las y los potosinos deberán responder y no es un tema mío, es un tema en que la ciudadanía quiere ver resultados y es un tema del que las instituciones se van a encargar”, afirmó el mandatario.

Agregó que el deber de la administración que representa es seguir trabajando con los recursos que dejaron y restituir la salud, la educación y la seguridad pública en los 58 municipios del Estado, darles resultados a las familias de San Luis Potosí, sin embargo, ha dado instrucciones a las y los integrantes de su gabinete legal y ampliado de que hagan públicas y denuncien todas las anomalías detectadas.

“Nosotros vamos a gobernar, estamos trabajando fuerte, estamos iniciando este proceso transformador y no nos vamos a quejar de que no hay recursos, haremos lo necesario responder las demandas de la sociedad”, externó.

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