LA AUTONOMÍA FINANCIERA DE LAS MUJERES PERMITE ABANDONAR CONTEXTOS DE VIOLENCIA: DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA.

● Aprueba el pleno del congreso reformas para atender una dimensión poco visible pero profundamente determinante en la vida cotidiana, como lo es la dependencia económica.

●Sábado 31 de Octubre de 2026, San Luis Potosí, México. │ A propuesta de la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para asegurar el derecho de las mujeres a la autonomía económica.

La reforma establece que las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a acceder a programas de capacitación, educación financiera y formación para el trabajo, así como a cursos, talleres y otras herramientas orientadas al desarrollo de la autonomía económica y financiera que permita generar ingresos propios y fortalecer su independencia, además de su inserción laboral y su empoderamiento económico.

La reforma fortalece el marco jurídico al reconocer la dimensión económica de la violencia y al proponer medidas concretas para enfrentarla. Al garantizar el acceso a capacitación, educación financiera y oportunidades laborales, se sientan bases más sólidas para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y rompan ciclos de violencia.

El impacto esperado de la reforma es significativo. Más mujeres con ingresos propios, mayor participación laboral, reducción de la dependencia económica y, en consecuencia, una disminución en la permanencia en contextos de violencia. Se trata de una medida que no solo beneficia a las mujeres, sino que contribuye al desarrollo social y económico en su conjunto.

La diputada Sánchez de Lira señaló que la reforma representa un avance necesario y congruente con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y de igualdad de género. Su aprobación permite dar un paso firme hacia una sociedad más justa, donde las mujeres cuenten con herramientas reales para vivir con dignidad y sin violencia.

La violencia económica no siempre se denuncia, pero tiene efectos directos en la posibilidad de salir de círculos de abuso. La falta de autonomía financiera limita la toma de decisiones. Una mujer sin ingresos propios tiene más probabilidades de permanecer en relaciones violentas por miedo a no poder cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o educación para sus hijas e hijos. 

Asimismo, se plantea que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a programas de capacitación, educación financiera y formación para el trabajo. En la actualidad, muchas políticas públicas se concentran en la atención inmediata, lo cual es necesario, pero no suficiente. Sin herramientas para generar ingresos, la recuperación a largo plazo se vuelve frágil. 

La inclusión de cursos, talleres y procesos de formación busca ofrecer alternativas reales de desarrollo; experiencias nacionales e internacionales muestran que cuando las mujeres acceden a capacitación laboral y educación financiera, incrementan sus ingresos entre un 20 y un 30 por ciento en promedio. Además, tienen mayores probabilidades de iniciar pequeños negocios o incorporarse al mercado formal de trabajo. 

El fortalecimiento de la autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia. Estudios han señalado que las mujeres con ingresos propios tienen hasta un 50 por ciento menos de probabilidad de regresar con su agresor. Este dato refleja la importancia de no limitar las acciones del Estado a medidas de protección, sino avanzar hacia estrategias de empoderamiento sostenido.

 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS ATIENDE A REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CAPITAL

● Se muestra la apertura, la disposición y el respeto hacia todas las personas que tengan interés en el tema de derechos humanos en san luis: Dip. Marco Antonio Gama.

●Viernes 30 de Octubre de 2026, San Luis Potosí, México. │ Las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado atendieron a representantes de la comunidad Mazahua y Otomí de la capital del estado, quienes expusieron diversos casos que han planteado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El legislativa diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la comisión legislativa dijo que también se aprobó un dictamen en materia de atención a adultos mayores, donde se busca generar algunos beneficios para este sector de la población que requiere todo el apoyo y que ha sido una prioridad para la Legislatura.

“También generamos una atención a representantes de grupos indígenas de la capital, que manifiestan la necesidad de atender algunas recomendaciones de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, y buscamos mostrar desde esta Comisión de Derechos Humanos, la apertura, la disposición, conrespeto hacia todas las personas que deseen acercarse y que tengan interés en el tema de derechos humanos en San Luis Potosí”.

El diputado Gama Basarte añadió que “queremos generar una cultura de paz, de respeto y atención y vamos a estar atentos las inquietudes presentadas por los representantes de los pueblos indígenas”.

 APROBADA REFORMA AL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO, EN MATERIA DE PRESUNCIÓN DE MUERTE

● El objetivo es dar certeza y estabilidad jurídica a las familias, a los ascendientes y descendientes, respecto de los derechos, bienes, patrimonio y obligaciones del ausente: Dip. Leticia Vázquez Hernández.

●Jueves 29 de Octubre de 2026, San Luis Potosí, México. │ El Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 651 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, en materia de presunción de muerte, con el objetivo de dar certeza y estabilidad jurídica a las familias, a los ascendientes y descendientes, respecto de los derechos, bienes, patrimonio y obligaciones del ausente.

En la exposición de motivos, se indica que con esta reforma se busca reducir los plazos para el ejercicio del procedimiento de declaratoria por presunción de muerte por ausencia, con el objetivo de garantizar una justicia más pronta y expedita especialmente cuando se trata de casos que, por su propia naturaleza, inmediatez, e impacto social, no se requiera esperar un plazo prolongado de tiempo.

Además, de incluir, dentro de las causas de procedencia de la declaratoria por presunción de muerte por ausencia, cuando la causa de desaparición se encuentre relacionada con la probable comisión de los delitos de secuestro, desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares.

La reforma, propuesta por la diputada Leticia Vázquez Hernández, establece que cuando hayan transcurrido tres años desde la declaración de ausencia, la autoridad judicial, a instancias de parte interesada, declarará la presunción de muerte.

Respecto de las personas que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque que haya naufragado, o al verificarse una inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia.

Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, o en aquellos casos en que existan datos de prueba que permitan presumir de manera razonable que la desaparición es consecuencia de la comisión de los delitos de, secuestro, desaparición forzada de personas, o desaparición cometida por particulares, bastará el transcurso de seis meses contados a partir de la fecha del siniestro, catástrofe o hecho que generó la desaparición, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte por ausencia. 

En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte por ausencia en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, sin costo alguno, y hasta por tres veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá de treinta días. 

En los casos en que la desaparición se encuentre relacionada con la probable comisión de los delitos de secuestro, desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, la declaración de presunción de muerte no suspenderá ni limitará las acciones de búsqueda, localización e investigación que les correspondan a las autoridades competentes, ni los derechos reconocidos a la persona desaparecida y a sus familiares de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como con la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí.

UNA CULTURA DE PAZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS ES INDISPENSABLE PARA SAN LUIS POTOSÍ.

● Desde la presidencia de la comisión de derechos humanos del congreso del estado, existe el compromiso de trabajar por una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, expresar libremente sus ideas y encontrar en las instituciones caminos de justicia y respeto: Dip. Marco Antonio Gama.

●Miércoles 28 de Octubre de 2026, San Luis Potosí, México. │ San Luis Potosí necesita fortalecer una cultura de paz que tenga como fundamento el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas, en la que el diálogo, la empatía, la justicia y la legalidad sean los principios que orienten nuestra convivencia como sociedad, indicó el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Señaló que la cultura de paz debe reconocer y respetar los derechos de todas y todos, sin distinciones ni excepciones, ya que los derechos humanos son universales y su defensa debe estar por encima de cualquier interés político, ideológico o institucional. 

“Construir una cultura de paz significa asumir el respeto a los derechos humanos como un principio fundamental de nuestra convivencia social. También exige reconocer la dignidad y la integridad de cada persona como principios que deben respetarse en toda circunstancia, rechazando cualquier forma de agresión, verbal o física”.

Dijo que esta es una responsabilidad compartida que comienza en nuestra vida cotidiana, pero que también debe reflejarse enel actuar de las instituciones, “quienes desempeñamos una función pública tenemos el deber de promover el respeto a los derechos humanos, garantizar espacios de diálogo y conducir nuestras decisiones con apego a la legalidad y al interés colectivo”.

Desde la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, el legislador reafirmó el compromiso de trabajar por una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, expresar libremente sus ideas y encontrar en las instituciones caminos de justicia y respeto.

“Los derechos humanos no tienen colores, ideologías ni condiciones, son de todas y todos. Y construir una verdadera cultura de paz comienza por reconocer que el respeto que exigimos para nosotros mismos es el mismo que debemos garantizar a los demás”.