● La iniciativa parte del reconocimiento de que la interseccionalidad describe la discriminación basada en múltiples motivos que pueden presentarse de manera simultánea:

 Dip. Roxanna Hernández Ramírez. 

●Lunes 29 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Gabriela Guadalupe Martínez La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar el concepto de “interseccionalidad” como un elemento jurídico y operativo que fortalece las políticas públicas en materia de igualdad y no discriminación.

La diputada Roxanna Hernández Ramírez,presidenta de la comisión legislativa, informó que la iniciativa, promovida por la legisladora María Dolores Robles Chairez, plantea modificaciones a los artículos 5, 8, 9, 11, 14, 19, 25, 29 y 31 de la dicha legislación.

Explicó que, como parte del análisis realizado, se propone reformar las fracciones XIII y XIV del artículo 5, así como la fracción I del artículo 8, con el propósito de fortalecer la visión de la igualdad de género mediante una perspectiva multidimensional que permita reconocer la concurrencia de diversos factores que pueden generar discriminación entre las personas.

La legisladora señaló que la iniciativa parte del reconocimiento de que la interseccionalidad describe la discriminación basada en múltiples motivos que pueden presentarse de manera simultánea, concepto que surgió para atender las limitaciones existentes al analizar casos donde convergen distintos factores de desigualdad, como el género y la raza.

Hernández Ramírez destacó que las y los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género coincidieron en la importancia de incorporar este concepto en la legislación estatal, ya que permitirá visibilizar cómo diversas formas de discriminación y desigualdad pueden afectar de manera diferenciada a determinados grupos o personas.

Agregó que contar con una definición de interseccionalidad en la ley contribuirá a fortalecer la elaboración de políticas públicas y la implementación de medidas judiciales más eficaces para prevenir y combatir la discriminación desde un enfoque integral.

El dictamen aprobado será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su votación correspondiente.

● Deben existir restricciones y una normatividad clara que cuide el medio ambiente, y logre una coexistencia sana con las personas: Dip. Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez.

●Domingo 28 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez propuso una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Ambiental del Estado, en materia de conservación de ecosistemas y restricción del tránsito de vehículos motorizados recreativos en áreas naturales protegidas.

La legisladora, quien preside la Comisión de Ecología y Medio, señaló que ninguna actividad recreativa puede situarse por encima de la integridad de los ecosistemas, ni servir como justificación para el deterioro de los bienes comunes que sostienen la vida. 

En este sentido, el uso de vehículos recreativos todo terreno en áreas naturales protegidas no puede ser permitido sin restricciones, y una normatividad clara que permita la coexistencia sana entre la ciudadanía potosina y su entorno, pues representa una amenaza directa para el patrimonio ambiental del Estado. 

La iniciativa establece que los ayuntamientos deberán monitorear, regular, prevenir, controlar, reducir y vigilar la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles que circulen en el territorio Estatal, pudiendo limitar su circulación; incluidos los vehículos recreativos todo terreno, mediante la emisión de permisos, la implementación de controles y la imposición de sanciones administrativas en el ámbito de su competencia. 

En coordinación las Direcciones de Turismo, Ecología y Protección Civil, generarán un Padrón de Empresas Prestadoras de Servicios de esta actividad y registrarán las rutas donde podrán circular los vehículos todo terreno; las empresas deberán contar con capacitación sobre la materia, debiendo así mismo de solicitar los permisos necesarios y especificar las rutas trazadas. 

Se restringe la circulación de vehículos recreativos todo terreno, así como en las áreas de conservación, áreas no perturbadas, áreas que alojen ecosistemas o elementos naturales de especial importancia o que requieran protección especial; además deberán regular la inspección, vigilancia y sanciones relativas a su uso 

Mencionó que esta propuesta no tiene por objeto afectar la actividad económica y turística, sino promover su desarrollo bajo criterios de sustentabilidad y respeto al entorno, con el propósito de garantizar una convivencia equilibrada entre el disfrute responsable de los espacios naturales, las actividades humanas de recreación y la conservación del patrimonio ambiental. 

Martínez Vázquez aseguró que San Luis Potosí destaca por poseer una riqueza natural derivada de tres grandes regiones ecológicas; el Altiplano, la Zona Media y la Huasteca que albergan una variedad extensa de especies endógenas de nuestra entidad, lo que permite la presencia de ecosistemas tan distintos como zonas desérticas, matorrales xerófilos, bosques templados, selvas bajas y cuerpos de agua que albergan una gran variedad de especies vegetales y animales, muchas de ellas de relevancia ecológica y de especial valor para la conservación.

La diputada señaló que, aunque estas actividades constituyen formas legítimas de recreación y deporte, su desarrollo en zonas ecológicamente sensibles puede provocar alteraciones significativas en los ecosistemas y en los procesos naturales que permiten su conservación, por lo que reiteró, es necesaria su regulación.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

● Establece la obligación de elaborar un protocolo estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica.

●Viernes 26 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado en materia de violencia obstétrica, para incorporar la obligación de elaborar un protocolo estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica, incluyendo la obligación de proporcionarlo en lengua materna cuando sea necesario.

Se reconocen expresamente los derechos de la paciente a tener un acompañante de suelección, apego inmediato al recién nacido y acceso al expediente clínico; destacó la legisladora que este tema es relevante para San Luis Potosí como una obligación del Estado Mexicano y la mayoría de las entidades del país, 28 de 32, ya tienen esta regulación.

La violencia obstétrica es una forma específica y sistemática de violencia de género que se ejerce contra las mujeres y personas con capacidad de gestar en el contexto de la atención médica durante el embarazo, el parto, el posparto y el aborto. Constituye una violación a los derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud, a la integridad personal, a la autonomía reproductiva, al trato digno y al libre consentimiento informado.

A nivel nacional, la ENDIREH 2021 reporta que 33.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 vivieron algún tipo de violencia obstétrica; las formas más comunes fueron: trato humillante o regaños, negación o retraso de atención, procedimientos sin consentimiento informado, impedimento de acompañamiento y cesáreas no justificadas.

En San Luis Potosí, la incidencia se ubica por encima del promedio nacional, alcanzando entre 34% y 38%, con mayor afectación en mujeres indígenas y rurales. Estos datos evidencian la urgencia de incorporar esta modalidad de violencia en la Ley estatal para garantizar atención digna, respetuosa y con pertinencia cultural.

En el caso de San Luis Potosí es necesario fortalecer y precisar los mecanismos de atención previstos en su legislación local para asegurar una protección efectiva y actualizada. La iniciativa propone incorporar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado la obligación de elaborar un Protocolo Estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica, incluyendo la obligación de proporcionarlo en lengua materna cuando sea necesario.

Se reconocen expresamente los derechos de la paciente (acompañante de elección, apego inmediato al recién nacido, acceso al expediente clínico). Es de naturaleza normativa y establece obligaciones de protocolo y mecanismos de denuncia que se inscriben en las estructuras institucionales existentes —Secretaría de Salud del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva— sin crear nuevas entidades ni programas que impliquen gasto adicional. 

La iniciativa de la diputada Frinné Azuara se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones de Igualdad de Género y Salud y Asistencia Social.

● México mantiene la expectativa de que las negociaciones del T-MEC puedan concretarse en un acuerdo de largo plazo, lo que permitiría fortalecer la competitividad bajo un esquema de integración regional.

●Miércoles 24 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la LXIV Legislatura, señaló que México mantiene la expectativa de que las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) puedan concretarse en un acuerdo de largo plazo, lo que permitiría fortalecer la competitividad bajo un esquema de integración regional.

Afirmó que el proceso de revisión del tratado avanza de manera favorable y destacó que las negociaciones en materia comercial están siendo encabezadas por el titular de la Secretaría de Economía Marcelo Ebrard Casaubón, en coordinación con dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Energía, mediante mesas de trabajo sectoriales.

El legislador explicó que el acuerdo contempla múltiples temas vinculados al comercio internacional, por lo que se prevé que en los próximos días puedan registrarse avances significativos en la definición del nuevo esquema del T-MEC.

Rosas Montiel indicó que existe una expectativa positiva respecto al rumbo de las negociaciones, al considerar que la postura del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa una visión de integración regional en América del Norte como estrategia clave para competir frente a otras economías del mundo, particularmente la de China.

En ese contexto, señaló que mientras la visión mexicana apuesta por fortalecer la región como bloque económico, en Estados Unidos persisten posturas de carácter proteccionista orientadas a la defensa de la industria nacional.

No obstante, consideró que en el mediano y largo plazo prevalecerá la lógica de integración regional, al ser la alternativa más conveniente para el desarrollo económico de los tres países que integran el tratado.

● La protección del personal de salud debe de dejar de ser una disposición meramente administrativa para convertirse en una garantía real, documentada y verificable: Dip. Ma. Sara Rocha Medina.

●Domingo 21 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo a propuesta de la diputada Ma. Sara Rocha Medina, mediante el cual se exhorta a la Coordinación Estatal del IMSS-BIENESTAR para que, conforme a los lineamientos de la NOM-017-STPS-2024, garantice la dotación de elementos de protección y seguridad vial al personal en tránsito, de acuerdo con los riesgos identificados en el diagnóstico previo.

La legisladora señaló que la seguridad laboral y la protección institucional en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son fundamentales, ya que permiten asegurar la continuidad operativa del sistema de salud, protegen la integridad física y mental del personal, reducen el ausentismo, previenen la violencia hospitalaria y contribuyen a una atención médica de mayor calidad.

Asimismo, expuso que la protección del personal de salud debe dejar de ser una disposición meramente administrativa para convertirse en una garantía real, documentada y verificable, al advertir que la desmotivación y el desgaste laboral en unidades móviles son consecuencia de un sistema que exige resultados sin brindar condiciones suficientes de seguridad jurídica y laboral.

Rocha Medina consideró que la omisión en la aplicación de los oficios de comisión y de las medidas de seguridad establecidas en la NOM-017-STPS-2024 implica una responsabilidad ética y legal para la institución, que incluso podría derivar en litigios costosos y en la pérdida de confianza del capital humano, subrayando la importancia de la trazabilidad formal para profesionalizar la gestión pública en materia de salud.

Agregó que, la operación de unidades móviles y centros de salud ha funcionado históricamente bajo un esquema de “urgencia administrativa”, lo que ha retrasado la formalización de la seguridad laboral, situación en la que el personal realiza traslados para capacitaciones, entrega de indicadores del Sistema de Información en Salud (SIS) y movilización de insumos médicos sin contar con oficios de comisión debidamente establecidos.

Por último, destacó que esta carencia documental coloca al personal en una situación de vulnerabilidad durante sus traslados, aun cuando cumple instrucciones directas de la institución, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos administrativos y de protección laboral en el sector salud.

● Se busca sancionar estos actos de extrema violencia en contra de la comunidad lgbtiq+: Dip. Marco Antonio Gama.

●Sábado 20 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El diputado Marco Antonio Gama Basarte propuso una iniciativa para adicionar el artículo 135 TER, al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de tipificar como delito el transfeminicidio.

El legislador señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro estado hay 37,124 personas que se autoidentifican como parte de la comunidad LGBTIQ+, lo que representa el 6.4% de la población total; sin embargo, a pesar de la presencia de este grupo social en la entidad, no existe un registro oficial de transfeminicidios.

La naturaleza en extremo violenta de estos actos muestra claras señales de discriminación, intolerancia y odio; son fenómenos que no deben pasar desapercibidos ni ser invisibilizados, antes bien, se deben señalar y reconocer.

Por ello, el diputado Gama Basarte proponeadicionar al Código Penal del estado, la tipificación independiente del delito de transfeminicidio en el Capítulo II, titulado Feminicidio, del Título Primero de la Parte Especial del Código Penal del Estado, referente a los Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal.

La iniciativa propone adicionar el artículo 135 TER para establecer que “Comete el delito de transfeminicidio quien, por razones de identidad o de expresión de género, prive de la vida a una mujer transgénero, o a una persona cuya identidad o expresión de género se identifique como mujer”.

Se considera que existen razones de identidad o expresión de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: todas aquellas aplicables al delito de feminicidio, según los términos del artículo 135 del Código Penal; cuando el cuerpo de la víctima presente señales de ensañamiento vinculadas con su identidad o expresión de género, ya sea de manera directa en su persona o a través de los objetos personales que resulten distintivos de dicha identidad o expresión; cuando se acredite que previo o posterior al delito, el sujeto activo hubiera utilizado expresiones que indiquen rechazo u odio a la víctima por motivo de su identidad y/o expresión de género, y cuando el sujeto activo, de forma expresa relacione la comisión del delito con la identidad o la expresión de género de la víctima. 

Se propone que para este delito se aplicarán las sanciones, agravantes, y reglas del delito de feminicidio, 

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.

● Sueldos justos a policias, certificación única policial, implementación de protocolos de actuación y equipamiento, entre otros: Dip. Cuauhtli Badillo Moreno.

●Jueves 18 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El presidente de la Comisión de Seguridad, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado diputado Cuauhtli Badillo Moreno, dijo que en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad que se realizará en el mes de julio, se evaluarán los avances y cumplimiento de compromisos que hicieron hace tres meses los 59 presidentes municipales en materia de seguridad.

“Cada cuatro meses se reúne el Consejo y la próximo reunión es en julio, por lo que ahí se evaluarán temas como el cumplimiento de otorgar un salario mínimo de 15,000 pesos mensuales a los policías, la certificación única policial, la implementación de protocolos de actuación, equipamiento y otros compromisos adquiridos”.

El legislador señaló que “les falta el Certificado Único Policial y en esa reunión del Consejo, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona les extendió la mano a los alcaldes y alcaldesas, les dijo que habría donaciones de equipo de seguridad, equipos tácticos, patrullas y también la Federación envía apoyo, de tal manera que por esa parte no tienen ninguna justificación para trabajar”.

“Nosotros desde la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado vamos a seguir pidiéndoles de la manera más atenta, exhortando a los ayuntamientos a que no echen en saco roto el tema de seguridad, porque se han vuelto dependientes tanto de la Guardia Nacional como de la Guardia Civil Estatal”.

Asimismo, el diputado Cuauhtli Badillo expuso que “seguiremos insistiendo en que el Congreso del Estado tenga una silla en la Mesa para la Construcción de Paz, ya que en esta gran tarea deben participar todos quienes tienen algo qué aportar y el Poder Legislativo es quien realiza las leyes, quien las modifica y puede ser parte de una estrategia en conjunto de los poderes del estado”.

Puntualizó que “desde el gobierno federal, no solamente se combate a la delincuencia con inteligencia y acciones sino atendiendo las causas, es una de las estrategias que ha dado resultados, en San Luis hay ferias de la paz y la proximidad social es parte de ello, porque se atiende de primera mano la problemática, a los jóvenes, a quienes están en una situación vulnerable, se hacen censos casa por casa y se realizan actividades deportivas y culturales”.

● Las y los integrantes de la comisión dieron cuenta de diversos asuntos legislativos turnados: Dip. María Dolores Robles Chairez.

●Lunes 15 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ En sesión de trabajo, la Comisión de Hacienda del Estado de la LXIV Legislatura, dio cuenta de diversos asuntos turnados para su análisis, discusión y dictamen, como parte del trabajo permanente que realiza para atender las iniciativas impulsadas por las y los diputados del Congreso del Estado.

La diputada María Dolores Robles Chairez, presidenta de la comisión legislativa, informó que durante la reunión se revisaron diversos proyectos legislativos que serán estudiados de manera detallada con el propósito de emitir los dictámenes correspondientes en apego a la normatividad vigente y privilegiando el interés público.

Entre los asuntos presentados, destacó la iniciativa promovida por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, mediante la cual se propone adicionar los artículos 46 Bis, 46 Ter y 46 Quáter de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí. La propuesta será analizada por las y los integrantes de la comisión para valorar sus alcances y beneficios en el ámbito educativo de la entidad.

Asimismo, se dio cuenta de una segunda iniciativa presentada por la misma legisladora, relacionada con modificaciones a la Ley de Educación del Estado, que será objeto de estudio y revisión para determinar su viabilidad y contribución al fortalecimiento del marco jurídico en la materia.

La diputada María Dolores Robles Chairez,destacó que la Comisión de Hacienda del Estado mantiene una agenda de trabajo constante para atender oportunamente cada uno de los asuntos que le son turnados por el Pleno del Congreso, evitando rezagos y garantizando que las propuestas legislativas reciban el análisis técnico y jurídico necesario.

Señaló que el compromiso de las y los integrantes de la comisión es desarrollar un trabajo responsable, transparente y eficiente que permita avanzar en la construcción de mejores instrumentos legales para atender las necesidades de la población potosina.

● Se busca que los recursos del estado lleguen las mujeres del campo para fomentar su independencia financiera: Dip. Dulcelina Sánchez De Lira.

●Domingo 14 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa de reforma al artículo 13 de la Ley de Ganadería del Estado, para fomentar la igualdad sustantiva y garantizar la independencia financiera de las mujeresindígenas y del campo potosino. 

La iniciativa propone que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, SEDARH, garantice la titularidad directa de las mujeres indígenas en la recepción de apoyos, activos y proyectos productivos, para asegurar su autonomía económica; asegure la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y asambleas comunitarias.

Promover que el respeto a los sistemas normativos internos y prácticas tradicionales no vulnere derechos humanos de las mujeres; implementar mecanismos de acompañamiento técnico y administrativo con enfoque intercultural y de género; y priorizar el financiamiento a proyectos liderados por mujeres indígenas

En su exposición de motivos, la legisladora Sánchez de Lira menciona que la propuesta busca fincar las bases legales para pasar de una equidad formal a una igualdad sustantiva, garantizando que los recursos del Estado lleguen directamente a las manos de quienes trabajan la tierra y cuidan el hato, dado que frecuentemente los apoyos se canalizan a través de representantes varones, invisibilizando el trabajo femenino, - sobre todo de mujeres indígenas – y así limitan su independencia financiera.

Resalta la legisladora que la inclusión de las mujeres en las actividades económicas que implican su participación en la generación de ingresos, favorece la reconstrucción del tejido comunitario y las relaciones que lo conforman, lo cual forma parte de los objetivos más importantes del programa Sembrando Vida para la recuperación del campo mexicano y la generación de bienestar en el ámbito rural e indígena.

Por ello su propuesta de reforma tiene como objetivo central pasar de una equidad formal a una igualdad sustantiva, ya que, dijo, no puede haber autonomía comunitaria si la mitad de la comunidad es excluida de la toma de decisiones.

Además, la iniciativa de reforma reconoce que la capacitación no puede ser igual para todos, por ello se propone el mandato a la SEDARH a implementar mecanismos de acompañamiento que consideren la realidad pluricultural y las brechas de género; esto implica adaptar las asesorías técnicas para que valoren los conocimientos tradicionales de las mujeres y se ajusten a sus necesidades específicas. 

La iniciativa se turnó a las comisiones de Igualdad de Género; y Desarrollo Rural y Forestal.

● El congreso del estado refrenda su compromiso con la protección del campo potosino y el fortalecimiento de las acciones preventivas para salvaguardar la producción agrícola y ganadera de la entidad: Dip. Tomás Zavala González.

●Sábado 13 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El Pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Estado, a implementar y/o fortalecer los cercos sanitarios durante la temporada de calor, con el propósito de prevenir la proliferación de plagas que afecten la actividad agrícola y ganadera.

La propuesta fue promovida por el diputado Tomás Zavala González, quien señaló que estas acciones tienen como finalidad contener la propagación de plagas mediante medidas de contención zoosanitaria y fitosanitaria, acompañadas de estrategias de vigilancia y control epidemiológico, en concordancia con las políticas públicas de sanidad agropecuaria.

Destacó que la temporada de calor representa el periodo de mayor vulnerabilidad fitosanitaria y zoosanitaria para los sistemas productivos del país, por lo que reforzar los cercos sanitarios durante estos meses constituye una medida indispensable para proteger al sector primario.

El legislador señaló que, “fortalecer los cercos sanitarios durante la temporada de calor no es una medida discrecional de la autoridad, sino una obligación jurídica sustentada en el principio de precaución y en el marco normativo nacional e internacional en materia de sanidad agropecuaria”.

Asimismo, explicó que el reforzamiento de estas acciones implica intensificar la vigilancia activa en los puntos de ingreso y tránsito de especies, implementar protocolos de diagnóstico temprano y promover la capacitación de productores en materia de bioseguridad primaria.

El diputado Zavala González señaló que la coordinación entre SENASICA, las autoridades estatales de desarrollo rural y los comités locales de sanidad, permitirá garantizar una respuesta oportuna, proporcional y basada en criterios científicos para mitigar riesgos sanitarios.

Indicó que estas medidas contribuirán a proteger la salud pública, preservar la productividad del sector agropecuario y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de inocuidad agroalimentaria y desarrollo sustentable.

● Se busca fortalecer diálogo interinstitucional para un sistema de justicia más rápido y eficaz.

●Viernes 12 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ Ante la necesidad de fortalecer la comunicación y coordinación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, mediante la incorporación de una opinión técnica basada en la experiencia práctica para la modificación de los Códigos del Estado, el diputado Luis Fernando Gámez Macías sostuvo una reunión con integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y representantes del Poder Ejecutivo del Estado.

En la reunión, se analizó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y a su Reglamento, propuesta por el legislador Gámez Macías, para establecer la obligación de que, tratándose de iniciativas que impliquen la expedición, reforma, adición o derogación de cualquier Código que incida en la función jurisdiccional, el Poder Judicial emita una opinión institucional a solicitud del Poder Legislativo, la cual deberá formularse dentro de un plazo breve contado a partir de la recepción de la solicitud, para no entorpecer el proceso legislativo y, al mismo tiempo, aportar elementos relevantes para su análisis.

"Esta iniciativa es para la gente, para el usuario final del sistema de justicia. Queremos que la experiencia técnica de los jueces sea un escudo real para proteger la familia, el patrimonio y los derechos humanos de los potosinos”.

El legislador propuso que esta reforma sea el primer paso para consolidar un Foro de Diálogo Interinstitucional Permanente entre los tres poderes, diseñado para revisar, debatir y depurar de manera constante el marco normativo de San Luis Potosí.

Por parte del Poder Judicial, la reunión estuvo encabezada por la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez; el magistrado Ángel Gonzalo Santiago Hernández, así como las y los magistrados integrantes de la Comisión de Estudio y Reformas Legales del Supremo Tribunal de Justicia, quienes coincidieron en que este mecanismo respeta plenamente la soberanía del Congreso del Estado, mientras robustece la certeza jurídica en el estado.

En la reunión participaron también las diputadas Antonia Castro Castañeda, Roxana HernándezRamírez y María Aranzazu Puente Bustindui.

La iniciativa propone reformar el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 64 del Reglamento del Congreso del Estado, y continuará su proceso legislativo en comisiones durante los próximos días.

● se requiere garantizar su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral: Dip. Frinné Azuara Yarzábal. 

●Jueves 11 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ Con el objetivo de incorporar el síndrome ovárico metabólico poliendocrino (antes síndrome de ovario poliquístico) y garantizar su atención integral, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 4, y se reforman las fracciones II, XI Bis y XIV del artículo 5, de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora propone incorporar en la Ley de Salud del Estado, el concepto de síndrome ovárico metabólico poliendocrino (antes síndrome de ovario poliquístico), entendido como el trastorno endocrino-metabólico crónico que afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva y que puede persistir en etapas posteriores de la vida, caracterizado por hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico, disfunción ovulatoria y alteraciones morfológicas ováricas, asociado con mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, trastornos de la fertilidad y repercusiones psicológicas, que requiere un abordaje integral que incluya la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento interdisciplinario.

Explica que la Organización Mundial de la Salud, (OMS) advierte que se trata de una condición crónica con repercusiones a largo plazo, por lo que requiere prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento continuo; distintos estudios y revisiones sitúan su prevalencia aproximada entre 8 y 13 por ciento de las mujeres en edad reproductiva, lo que lo ubica entre los trastornos endocrinos más frecuentes en este grupo poblacional. A pesar de ello, persisten el subdiagnóstico, la identificación tardía y la atención fragmentada, especialmente cuando las manifestaciones del padecimiento se tratan de forma aislada y no como parte de un mismo síndrome.

La iniciativa contempla, integrar dentro de la atención médica ginecológica, la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de trastornos endocrino-metabólicos que afecten la salud reproductiva, como el síndrome ovárico metabólico poliendocrino.

Además, de incorporar en las acciones de  prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y accidentes, las enfermedades endocrinas, metabólicas y cardiovasculares, dentro de las cuales se reconoce al síndrome ovárico metabólico poliendocrino como padecimiento que requiere acciones específicas de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento integral.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis.

● Las malas condiciones de calles y avenidas afectan la movilidad, la productividad de las empresas y ponen en riesgo la integridad de miles de trabajadores: Dip. César Arturo Lara Rocha.

●Miércoles 10 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, hizo un llamado al Ayuntamiento de la Capital para que atienda de manera inmediata los daños que presentan diversas calles y avenidas de la Zona Industrial, los cuales se han agravado a consecuencia de las recientes lluvias.

Señaló que el deterioro de las vialidades genera severas afectaciones a la movilidad, provoca pérdidas económicas para las empresas instaladas en este sector y representa un riesgo constante para la seguridad de automovilistas y trabajadores que diariamente se trasladan a sus centros laborales.

Indicó que, en los últimos días ha recibido múltiples quejas relacionadas con las condiciones de las vialidades, situación que calificó como lamentable debido a que la Zona Industrial es uno de los principales motores económicos y de generación de empleo de la capital potosina.

“Es terrible lo que está pasando en la Zona Industrial. No puede ser que un espacio creado para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleos se encuentre en estas condiciones. Es responsabilidad de las autoridades municipales brindar orden, servicios y atender las necesidades de esta importante área de la ciudad”, expresó.

Lara Rocha recordó que durante la temporada de lluvias los problemas de movilidad se intensifican debido a la aparición de baches y daños en la carpeta asfáltica, lo que convierte el tránsito diario en un verdadero riesgo para quienes circulan por la zona. 

Asimismo, informó que recientemente sostuvo reuniones con representantes de distintas cámaras empresariales, quienes manifestaron la necesidad de que las autoridades municipales destinen mayores esfuerzos y recursos para mejorar la infraestructura urbana de la Zona Industrial.

“Los empresarios señalaron que cumplen con el pago de contribuciones, licencias de funcionamiento, construcción y ampliación, por lo que consideraron indispensable que dichos recursos se reflejen en mejores servicios y en la atención de las necesidades básicas de este importante corredor económico”, acotó.

Advirtió que los accidentes ocurridos durante los traslados al trabajo pueden derivar en incapacidades laborales, incrementos en las primas de riesgo y afectaciones económicas tanto para los trabajadores como para las empresas, generando una cadena de consecuencias que impacta la productividad y la competitividad del sector.

●Se requiere la articulación de capacidades técnicas, operativas y logísticas entre instituciones encargadas: Dip. Leticia Vázquez Hernández.

●Martes 09 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La LXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a autoridades federales, estatales y municipales, en materia de acciones preventivas de incendios forestales, propuesto por la diputada María Leticia Vázquez Hernández.

Se exhorta respetuosamente a la  Comisión Nacional Forestal a que informe a esta Legislatura de los avances en materia de capacitación y movilización brigadas oficiales y comunitarias durante este año 2026. 

A la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que en el marco de la activación del Plan DN-III-E, derivado de los posibles incendios que puedan darse en la entidad, refuerce el apoyo con personal militar en zonas de difícil acceso y en protección a la población civil. 

A la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que realice campañas de concientización para evitar la quema de pastizales en las áreas de su competencia. 

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) y, Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), a fin de que realicen campañas de difusión integral de la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA, con el fin de prevenir y disminuir incendios en zonas forestales y agrícolas.

A la Comisión Estatal del Agua, a fin de quecolabore con el abasto de agua para el combate a los incendios que puedan llegar a presentarse durante la temporada de incendios forestales. 

A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Coordinación Estatal de Protección Civil y Corporaciones Municipales de Seguridad Pública, para que en coordinación con las diversas autoridades de protección civil y bomberos, generen acciones específicas para la atención y prevención de incendios. 

Y a los 59 Ayuntamientos del Estado, a fin de que, realicen campañas de difusión y concientización que permitan la reducción de este tipo de eventos y en coordinación con las diversas autoridades de protección civil y bomberos, generen acciones específicas para la atención y prevención de incendios.

Se indica en la exposición de motivos, que desde la perspectiva del derecho ambiental y de protección civil, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Protección Civil establecen un régimen de competencia concurrente. 

Esto significa que la prevención y atención de contingencias ambientales, como lo es un incendio forestal, no puede recaer en una sola dependencia, sino que requiere la articulación de capacidades técnicas, operativas y logísticas entre instituciones encargadas.

● Debemos trabajar para brindar mayor certeza y seguridad tanto a quienes buscan una fuente de trabajo como a quienes desean desarrollarse profesionalmente en estos nuevos espacios laborales.

●Lunes 08 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Ma. Sara Rocha Medina, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, destacó la importancia de continuar impulsando acciones que favorezcan la generación de empleos en San Luis Potosí, derivado de la llegada de nuevas inversiones y empresas que contribuyen al desarrollo económico de la entidad.

La legisladora señaló que desde la Comisión del Trabajo se ha dado seguimiento al crecimiento industrial y empresarial que registra el estado, situación que representa nuevas oportunidades laborales para las y los potosinos.

“Nos da mucho gusto ver que siguen llegando empresas a San Luis Potosí, porque esto genera más empleos y mejores oportunidades para las familias. Ahora, debemos trabajar para brindar mayor certeza y seguridad tanto a quienes buscan una fuente de trabajo como a quienes desean desarrollarse profesionalmente en estos nuevos espacios laborales”, expresó.

Indicó que se prevé la realización de próximas reuniones de la Comisión del Trabajo para analizar diversos temas relacionados con el fortalecimiento del mercado laboral, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y las dependencias involucradas en la materia, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para trabajadores y empleadores.

La diputada Rocha Medina recordó que desde el Congreso del Estado se han impulsado diversas iniciativas encaminadas a fortalecer el marco jurídico laboral y proteger los derechos de las y los trabajadores, algunas de las cuales ya han sido aprobadas.

“Seguiremos trabajando de la mano de todos los sectores para fortalecer las condiciones laborales en nuestro estado; San Luis Potosí necesita unidad, coordinación y compromiso para seguir avanzando en beneficio de la población”, puntualizó.

Por último, reiteró que el Poder Legislativo mantendrá su disposición para construir acuerdos que permitan generar más oportunidades de empleo, promover la inversión y fortalecer la protección de los derechos laborales de las y los potosinos.

● Contempla temas de la reforma federal presentada por movimiento ciudadano y temas locales.

●Domingo 07 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El diputado Marco Antonio Gama Basarte,coordinador de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado, para favorecer un reparto más equitativo de recursos a los partidos políticos y, limitar la sobre representación en el caso de las coaliciones.

También aumentar el número de debates obligatorios entre personas candidatas, promover debates mensuales fuera de procesos electorales en pro de la cultura política democrática y crear mecanismos para blindar las elecciones frente a la intervención del crimen organizado, entre otros.

Establece que en caso de que alguna autoridad judicial acredite la intromisión por parte del crimen organizado, por medio de la comprobación de vínculos de éste con candidatos ganadores, la elección se declarará nula, para los efectos de las leyes aplicables.

“En Movimiento Ciudadano partimos de dos premisas fundamentales para entrar en la discusión de una reforma electoral: la primera, es que una reforma electoral debe surgir de la pluralidad de las fuerzas políticas, especialmente de las oposiciones, no desde el poder, y menos desde un poder tan centralizado y con pretensiones hegemónicas”

“La segunda es que dichas reformas electorales, deben tener como cualidad primigenia fortalecer las garantías de la democracia: las de certeza a todos los que participan en el proceso, de equidad, de competencia, de legalidad, de justicia electoral, de juego limpio y de piso parejo. Sobre todo, cualquier reforma electoral que se apruebe debe garantizar certidumbre y, por ello, evitar cualquier tipo de regresión al pasado de partido hegemónico, al país de un solo hombre y a la política sin pluralismo y sin ciudadanía”.

El diputado Gama Basarte añadió que “esta propuesta considera que la búsqueda de un financiamiento público más equitativo responde a un principio de justicia, que permita a todos los partidos competir en condiciones similares, especialmente frente a aquellos con estructuras más robustas. Por ello, se plantea que el 70% de los recursos destinados a los partidos se distribuyan de manera igualitaria, y el 30% restante se otorgue conforme a los votos obtenidos, invirtiendo las proporciones actuales”.

También se considera esencial mantener a la ciudadanía informada sobre las posturas de los partidos, no solo durante los procesos electorales. Por ello, se propone aumentar los debates obligatorios: tres para candidatos a gubernatura y dos para candidatos a diputados. Adicionalmente, se sugiere que, en períodos sin elecciones, se realicen debates temáticos mensuales entre representantes de los partidos en pro de una cultura política democrática que involucre a la ciudadanía en la comprensión de los asuntos públicos y la democracia deliberativa. 

Finalmente, se propone también establecer que se efectuará un debate en cada municipio que sea considerado cabecera municipal en los distritos, con la misma finalidad de acercar y difundir entre los ciudadanos las propuestas de las y los candidatos.

“Uno de los retos más graves es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y, eventualmente, en las instituciones de gobierno. Una respuesta ha sido establecer candados a los candidatos para evitar vínculos con estas estructuras. Sin embargo, es crucial que tales medidas respeten la constitucionalidad, protegiendo el derecho a ser votado y el principio de la presunción de inocencia; esto último tanto como parte del derecho fundamental al debido proceso, como para proteger la imagen de toda aquella persona, sobre la que no haya recaído sentencia firme”.

Se plantea ampliar las facultades de la Comisión Permanente de Fiscalización del órgano electoral, permitiendo auditorías sobre intereses y evolución patrimonial de los candidatos, lo que contribuirá a detectar posibles irregularidades, dicha disposición se sustenta en la transparencia de los servidores públicos.

De igual manera, se propone incorporar al catálogo de infracciones de aspirantes, precandidatos y candidatos, la verificación judicial de vínculos con el crimen organizado; en caso de comprobarse, se declararía la inelegibilidad y se perdería el registro de candidatura. Esta medida protege el proceso electoral sin vulnerar derechos, ya que dependería de la autoridad judicial y del debido proceso establecer una medida que tendría eficacia jurídica con independencia de su momento procesal.

La iniciativa se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.