● Se busca fortalecer diálogo interinstitucional para un sistema de justicia más rápido y eficaz.

●Viernes 12 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ Ante la necesidad de fortalecer la comunicación y coordinación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, mediante la incorporación de una opinión técnica basada en la experiencia práctica para la modificación de los Códigos del Estado, el diputado Luis Fernando Gámez Macías sostuvo una reunión con integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y representantes del Poder Ejecutivo del Estado.

En la reunión, se analizó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y a su Reglamento, propuesta por el legislador Gámez Macías, para establecer la obligación de que, tratándose de iniciativas que impliquen la expedición, reforma, adición o derogación de cualquier Código que incida en la función jurisdiccional, el Poder Judicial emita una opinión institucional a solicitud del Poder Legislativo, la cual deberá formularse dentro de un plazo breve contado a partir de la recepción de la solicitud, para no entorpecer el proceso legislativo y, al mismo tiempo, aportar elementos relevantes para su análisis.

"Esta iniciativa es para la gente, para el usuario final del sistema de justicia. Queremos que la experiencia técnica de los jueces sea un escudo real para proteger la familia, el patrimonio y los derechos humanos de los potosinos”.

El legislador propuso que esta reforma sea el primer paso para consolidar un Foro de Diálogo Interinstitucional Permanente entre los tres poderes, diseñado para revisar, debatir y depurar de manera constante el marco normativo de San Luis Potosí.

Por parte del Poder Judicial, la reunión estuvo encabezada por la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez; el magistrado Ángel Gonzalo Santiago Hernández, así como las y los magistrados integrantes de la Comisión de Estudio y Reformas Legales del Supremo Tribunal de Justicia, quienes coincidieron en que este mecanismo respeta plenamente la soberanía del Congreso del Estado, mientras robustece la certeza jurídica en el estado.

En la reunión participaron también las diputadas Antonia Castro Castañeda, Roxana HernándezRamírez y María Aranzazu Puente Bustindui.

La iniciativa propone reformar el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 64 del Reglamento del Congreso del Estado, y continuará su proceso legislativo en comisiones durante los próximos días.

● se requiere garantizar su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral: Dip. Frinné Azuara Yarzábal. 

●Jueves 11 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ Con el objetivo de incorporar el síndrome ovárico metabólico poliendocrino (antes síndrome de ovario poliquístico) y garantizar su atención integral, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 4, y se reforman las fracciones II, XI Bis y XIV del artículo 5, de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora propone incorporar en la Ley de Salud del Estado, el concepto de síndrome ovárico metabólico poliendocrino (antes síndrome de ovario poliquístico), entendido como el trastorno endocrino-metabólico crónico que afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva y que puede persistir en etapas posteriores de la vida, caracterizado por hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico, disfunción ovulatoria y alteraciones morfológicas ováricas, asociado con mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, trastornos de la fertilidad y repercusiones psicológicas, que requiere un abordaje integral que incluya la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento interdisciplinario.

Explica que la Organización Mundial de la Salud, (OMS) advierte que se trata de una condición crónica con repercusiones a largo plazo, por lo que requiere prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento continuo; distintos estudios y revisiones sitúan su prevalencia aproximada entre 8 y 13 por ciento de las mujeres en edad reproductiva, lo que lo ubica entre los trastornos endocrinos más frecuentes en este grupo poblacional. A pesar de ello, persisten el subdiagnóstico, la identificación tardía y la atención fragmentada, especialmente cuando las manifestaciones del padecimiento se tratan de forma aislada y no como parte de un mismo síndrome.

La iniciativa contempla, integrar dentro de la atención médica ginecológica, la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de trastornos endocrino-metabólicos que afecten la salud reproductiva, como el síndrome ovárico metabólico poliendocrino.

Además, de incorporar en las acciones de  prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y accidentes, las enfermedades endocrinas, metabólicas y cardiovasculares, dentro de las cuales se reconoce al síndrome ovárico metabólico poliendocrino como padecimiento que requiere acciones específicas de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento integral.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis.

● Las malas condiciones de calles y avenidas afectan la movilidad, la productividad de las empresas y ponen en riesgo la integridad de miles de trabajadores: Dip. César Arturo Lara Rocha.

●Miércoles 10 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, hizo un llamado al Ayuntamiento de la Capital para que atienda de manera inmediata los daños que presentan diversas calles y avenidas de la Zona Industrial, los cuales se han agravado a consecuencia de las recientes lluvias.

Señaló que el deterioro de las vialidades genera severas afectaciones a la movilidad, provoca pérdidas económicas para las empresas instaladas en este sector y representa un riesgo constante para la seguridad de automovilistas y trabajadores que diariamente se trasladan a sus centros laborales.

Indicó que, en los últimos días ha recibido múltiples quejas relacionadas con las condiciones de las vialidades, situación que calificó como lamentable debido a que la Zona Industrial es uno de los principales motores económicos y de generación de empleo de la capital potosina.

“Es terrible lo que está pasando en la Zona Industrial. No puede ser que un espacio creado para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleos se encuentre en estas condiciones. Es responsabilidad de las autoridades municipales brindar orden, servicios y atender las necesidades de esta importante área de la ciudad”, expresó.

Lara Rocha recordó que durante la temporada de lluvias los problemas de movilidad se intensifican debido a la aparición de baches y daños en la carpeta asfáltica, lo que convierte el tránsito diario en un verdadero riesgo para quienes circulan por la zona. 

Asimismo, informó que recientemente sostuvo reuniones con representantes de distintas cámaras empresariales, quienes manifestaron la necesidad de que las autoridades municipales destinen mayores esfuerzos y recursos para mejorar la infraestructura urbana de la Zona Industrial.

“Los empresarios señalaron que cumplen con el pago de contribuciones, licencias de funcionamiento, construcción y ampliación, por lo que consideraron indispensable que dichos recursos se reflejen en mejores servicios y en la atención de las necesidades básicas de este importante corredor económico”, acotó.

Advirtió que los accidentes ocurridos durante los traslados al trabajo pueden derivar en incapacidades laborales, incrementos en las primas de riesgo y afectaciones económicas tanto para los trabajadores como para las empresas, generando una cadena de consecuencias que impacta la productividad y la competitividad del sector.

●Se requiere la articulación de capacidades técnicas, operativas y logísticas entre instituciones encargadas: Dip. Leticia Vázquez Hernández.

●Martes 09 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La LXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a autoridades federales, estatales y municipales, en materia de acciones preventivas de incendios forestales, propuesto por la diputada María Leticia Vázquez Hernández.

Se exhorta respetuosamente a la  Comisión Nacional Forestal a que informe a esta Legislatura de los avances en materia de capacitación y movilización brigadas oficiales y comunitarias durante este año 2026. 

A la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que en el marco de la activación del Plan DN-III-E, derivado de los posibles incendios que puedan darse en la entidad, refuerce el apoyo con personal militar en zonas de difícil acceso y en protección a la población civil. 

A la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que realice campañas de concientización para evitar la quema de pastizales en las áreas de su competencia. 

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) y, Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), a fin de que realicen campañas de difusión integral de la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA, con el fin de prevenir y disminuir incendios en zonas forestales y agrícolas.

A la Comisión Estatal del Agua, a fin de quecolabore con el abasto de agua para el combate a los incendios que puedan llegar a presentarse durante la temporada de incendios forestales. 

A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Coordinación Estatal de Protección Civil y Corporaciones Municipales de Seguridad Pública, para que en coordinación con las diversas autoridades de protección civil y bomberos, generen acciones específicas para la atención y prevención de incendios. 

Y a los 59 Ayuntamientos del Estado, a fin de que, realicen campañas de difusión y concientización que permitan la reducción de este tipo de eventos y en coordinación con las diversas autoridades de protección civil y bomberos, generen acciones específicas para la atención y prevención de incendios.

Se indica en la exposición de motivos, que desde la perspectiva del derecho ambiental y de protección civil, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Protección Civil establecen un régimen de competencia concurrente. 

Esto significa que la prevención y atención de contingencias ambientales, como lo es un incendio forestal, no puede recaer en una sola dependencia, sino que requiere la articulación de capacidades técnicas, operativas y logísticas entre instituciones encargadas.

● Debemos trabajar para brindar mayor certeza y seguridad tanto a quienes buscan una fuente de trabajo como a quienes desean desarrollarse profesionalmente en estos nuevos espacios laborales.

●Lunes 08 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Ma. Sara Rocha Medina, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, destacó la importancia de continuar impulsando acciones que favorezcan la generación de empleos en San Luis Potosí, derivado de la llegada de nuevas inversiones y empresas que contribuyen al desarrollo económico de la entidad.

La legisladora señaló que desde la Comisión del Trabajo se ha dado seguimiento al crecimiento industrial y empresarial que registra el estado, situación que representa nuevas oportunidades laborales para las y los potosinos.

“Nos da mucho gusto ver que siguen llegando empresas a San Luis Potosí, porque esto genera más empleos y mejores oportunidades para las familias. Ahora, debemos trabajar para brindar mayor certeza y seguridad tanto a quienes buscan una fuente de trabajo como a quienes desean desarrollarse profesionalmente en estos nuevos espacios laborales”, expresó.

Indicó que se prevé la realización de próximas reuniones de la Comisión del Trabajo para analizar diversos temas relacionados con el fortalecimiento del mercado laboral, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y las dependencias involucradas en la materia, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para trabajadores y empleadores.

La diputada Rocha Medina recordó que desde el Congreso del Estado se han impulsado diversas iniciativas encaminadas a fortalecer el marco jurídico laboral y proteger los derechos de las y los trabajadores, algunas de las cuales ya han sido aprobadas.

“Seguiremos trabajando de la mano de todos los sectores para fortalecer las condiciones laborales en nuestro estado; San Luis Potosí necesita unidad, coordinación y compromiso para seguir avanzando en beneficio de la población”, puntualizó.

Por último, reiteró que el Poder Legislativo mantendrá su disposición para construir acuerdos que permitan generar más oportunidades de empleo, promover la inversión y fortalecer la protección de los derechos laborales de las y los potosinos.

● Contempla temas de la reforma federal presentada por movimiento ciudadano y temas locales.

●Domingo 07 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El diputado Marco Antonio Gama Basarte,coordinador de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado, para favorecer un reparto más equitativo de recursos a los partidos políticos y, limitar la sobre representación en el caso de las coaliciones.

También aumentar el número de debates obligatorios entre personas candidatas, promover debates mensuales fuera de procesos electorales en pro de la cultura política democrática y crear mecanismos para blindar las elecciones frente a la intervención del crimen organizado, entre otros.

Establece que en caso de que alguna autoridad judicial acredite la intromisión por parte del crimen organizado, por medio de la comprobación de vínculos de éste con candidatos ganadores, la elección se declarará nula, para los efectos de las leyes aplicables.

“En Movimiento Ciudadano partimos de dos premisas fundamentales para entrar en la discusión de una reforma electoral: la primera, es que una reforma electoral debe surgir de la pluralidad de las fuerzas políticas, especialmente de las oposiciones, no desde el poder, y menos desde un poder tan centralizado y con pretensiones hegemónicas”

“La segunda es que dichas reformas electorales, deben tener como cualidad primigenia fortalecer las garantías de la democracia: las de certeza a todos los que participan en el proceso, de equidad, de competencia, de legalidad, de justicia electoral, de juego limpio y de piso parejo. Sobre todo, cualquier reforma electoral que se apruebe debe garantizar certidumbre y, por ello, evitar cualquier tipo de regresión al pasado de partido hegemónico, al país de un solo hombre y a la política sin pluralismo y sin ciudadanía”.

El diputado Gama Basarte añadió que “esta propuesta considera que la búsqueda de un financiamiento público más equitativo responde a un principio de justicia, que permita a todos los partidos competir en condiciones similares, especialmente frente a aquellos con estructuras más robustas. Por ello, se plantea que el 70% de los recursos destinados a los partidos se distribuyan de manera igualitaria, y el 30% restante se otorgue conforme a los votos obtenidos, invirtiendo las proporciones actuales”.

También se considera esencial mantener a la ciudadanía informada sobre las posturas de los partidos, no solo durante los procesos electorales. Por ello, se propone aumentar los debates obligatorios: tres para candidatos a gubernatura y dos para candidatos a diputados. Adicionalmente, se sugiere que, en períodos sin elecciones, se realicen debates temáticos mensuales entre representantes de los partidos en pro de una cultura política democrática que involucre a la ciudadanía en la comprensión de los asuntos públicos y la democracia deliberativa. 

Finalmente, se propone también establecer que se efectuará un debate en cada municipio que sea considerado cabecera municipal en los distritos, con la misma finalidad de acercar y difundir entre los ciudadanos las propuestas de las y los candidatos.

“Uno de los retos más graves es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y, eventualmente, en las instituciones de gobierno. Una respuesta ha sido establecer candados a los candidatos para evitar vínculos con estas estructuras. Sin embargo, es crucial que tales medidas respeten la constitucionalidad, protegiendo el derecho a ser votado y el principio de la presunción de inocencia; esto último tanto como parte del derecho fundamental al debido proceso, como para proteger la imagen de toda aquella persona, sobre la que no haya recaído sentencia firme”.

Se plantea ampliar las facultades de la Comisión Permanente de Fiscalización del órgano electoral, permitiendo auditorías sobre intereses y evolución patrimonial de los candidatos, lo que contribuirá a detectar posibles irregularidades, dicha disposición se sustenta en la transparencia de los servidores públicos.

De igual manera, se propone incorporar al catálogo de infracciones de aspirantes, precandidatos y candidatos, la verificación judicial de vínculos con el crimen organizado; en caso de comprobarse, se declararía la inelegibilidad y se perdería el registro de candidatura. Esta medida protege el proceso electoral sin vulnerar derechos, ya que dependería de la autoridad judicial y del debido proceso establecer una medida que tendría eficacia jurídica con independencia de su momento procesal.

La iniciativa se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.

● El objetivo es armonizar el ordenamiento local con el federal e incorporar en las tareas de investigación a la secretaría de seguridad y protección ciudadana, a la guardia civil estatal, y a las policías municipales, que podrán operar bajo el mando del ministerio público.

●Miércoles 03 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ El pleno del Congreso del Estado llevó a cabo la declaratoria de validez por el Constituyente Permanente de la minuta que reforma el artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de seguridad pública.

Tras completarse los votos necesarios de los Cabildos, en el plazo establecido por la Ley, se realizó la declaratoria de esta reforma constitucional que tiene como objetivo armonizar el ordenamiento local con el federal en materia de seguridad pública e incorporar en las tareas de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal, y a las policías municipales, que podrán operar bajo el mando del Ministerio Público.

El legislador Rubén Guajardo Barrera, promovente de esta iniciativa, indicó que la reforma constitucional establece que la investigación de todos los delitos del fuero común corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal, y a las policías municipales, a cada una en el ámbito de sus competencias. La actuación de dichas instituciones y corporaciones en materia de investigación se realizará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones. 

La persecución de los delitos del fuero común ante los tribunales, corresponde exclusivamente al Ministerio Público, y tanto para ello como para las funciones de investigación, contará con facultades para solicitar las medidas cautelares contra los imputados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

Asimismo, la reforma constitucional señala que la Ley en la materia establecerá un Servicio Profesional de Carrera que reglamente las bases para el ingreso, permanencia, ascensos, formación, profesionalización, y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, el cual estará regido por los principios de, legalidad, objetividad, eficiencia, mérito, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos.

El Fiscal General presentará a los poderes, Legislativo y Ejecutivo, un informe escrito de sus actividades, la primera quincena del mes de noviembre de cada año, con excepción del último año de su periodo constitucional, en cuyo caso deberá hacerlo la primera quincena del mes de octubre y, en su caso, comparecerá personalmente ante el Congreso del Estado a la glosa de este, dentro de los treinta días posteriores a la entrega del informe escrito.

En los artículos transitorios contempla que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las adecuaciones normativas para armonizarlas con el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Las facultades de investigación que se otorgan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Civil Estatal, serán ejercidas a partir del primero de enero de dos mil veintisiete. Las facultades de investigación que se otorgan a las policías municipales, serán ejercidas a partir del primero de enero de 2028.