● La iniciativa parte del reconocimiento de que la interseccionalidad describe la discriminación basada en múltiples motivos que pueden presentarse de manera simultánea:

 Dip. Roxanna Hernández Ramírez. 

●Lunes 29 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Gabriela Guadalupe Martínez La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar el concepto de “interseccionalidad” como un elemento jurídico y operativo que fortalece las políticas públicas en materia de igualdad y no discriminación.

La diputada Roxanna Hernández Ramírez,presidenta de la comisión legislativa, informó que la iniciativa, promovida por la legisladora María Dolores Robles Chairez, plantea modificaciones a los artículos 5, 8, 9, 11, 14, 19, 25, 29 y 31 de la dicha legislación.

Explicó que, como parte del análisis realizado, se propone reformar las fracciones XIII y XIV del artículo 5, así como la fracción I del artículo 8, con el propósito de fortalecer la visión de la igualdad de género mediante una perspectiva multidimensional que permita reconocer la concurrencia de diversos factores que pueden generar discriminación entre las personas.

La legisladora señaló que la iniciativa parte del reconocimiento de que la interseccionalidad describe la discriminación basada en múltiples motivos que pueden presentarse de manera simultánea, concepto que surgió para atender las limitaciones existentes al analizar casos donde convergen distintos factores de desigualdad, como el género y la raza.

Hernández Ramírez destacó que las y los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género coincidieron en la importancia de incorporar este concepto en la legislación estatal, ya que permitirá visibilizar cómo diversas formas de discriminación y desigualdad pueden afectar de manera diferenciada a determinados grupos o personas.

Agregó que contar con una definición de interseccionalidad en la ley contribuirá a fortalecer la elaboración de políticas públicas y la implementación de medidas judiciales más eficaces para prevenir y combatir la discriminación desde un enfoque integral.

El dictamen aprobado será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su votación correspondiente.

● Deben existir restricciones y una normatividad clara que cuide el medio ambiente, y logre una coexistencia sana con las personas: Dip. Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez.

●Domingo 28 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez propuso una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Ambiental del Estado, en materia de conservación de ecosistemas y restricción del tránsito de vehículos motorizados recreativos en áreas naturales protegidas.

La legisladora, quien preside la Comisión de Ecología y Medio, señaló que ninguna actividad recreativa puede situarse por encima de la integridad de los ecosistemas, ni servir como justificación para el deterioro de los bienes comunes que sostienen la vida. 

En este sentido, el uso de vehículos recreativos todo terreno en áreas naturales protegidas no puede ser permitido sin restricciones, y una normatividad clara que permita la coexistencia sana entre la ciudadanía potosina y su entorno, pues representa una amenaza directa para el patrimonio ambiental del Estado. 

La iniciativa establece que los ayuntamientos deberán monitorear, regular, prevenir, controlar, reducir y vigilar la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles que circulen en el territorio Estatal, pudiendo limitar su circulación; incluidos los vehículos recreativos todo terreno, mediante la emisión de permisos, la implementación de controles y la imposición de sanciones administrativas en el ámbito de su competencia. 

En coordinación las Direcciones de Turismo, Ecología y Protección Civil, generarán un Padrón de Empresas Prestadoras de Servicios de esta actividad y registrarán las rutas donde podrán circular los vehículos todo terreno; las empresas deberán contar con capacitación sobre la materia, debiendo así mismo de solicitar los permisos necesarios y especificar las rutas trazadas. 

Se restringe la circulación de vehículos recreativos todo terreno, así como en las áreas de conservación, áreas no perturbadas, áreas que alojen ecosistemas o elementos naturales de especial importancia o que requieran protección especial; además deberán regular la inspección, vigilancia y sanciones relativas a su uso 

Mencionó que esta propuesta no tiene por objeto afectar la actividad económica y turística, sino promover su desarrollo bajo criterios de sustentabilidad y respeto al entorno, con el propósito de garantizar una convivencia equilibrada entre el disfrute responsable de los espacios naturales, las actividades humanas de recreación y la conservación del patrimonio ambiental. 

Martínez Vázquez aseguró que San Luis Potosí destaca por poseer una riqueza natural derivada de tres grandes regiones ecológicas; el Altiplano, la Zona Media y la Huasteca que albergan una variedad extensa de especies endógenas de nuestra entidad, lo que permite la presencia de ecosistemas tan distintos como zonas desérticas, matorrales xerófilos, bosques templados, selvas bajas y cuerpos de agua que albergan una gran variedad de especies vegetales y animales, muchas de ellas de relevancia ecológica y de especial valor para la conservación.

La diputada señaló que, aunque estas actividades constituyen formas legítimas de recreación y deporte, su desarrollo en zonas ecológicamente sensibles puede provocar alteraciones significativas en los ecosistemas y en los procesos naturales que permiten su conservación, por lo que reiteró, es necesaria su regulación.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

● Establece la obligación de elaborar un protocolo estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica.

●Viernes 26 de Junio de 2026, San Luis Potosí, México. │ La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado en materia de violencia obstétrica, para incorporar la obligación de elaborar un protocolo estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica, incluyendo la obligación de proporcionarlo en lengua materna cuando sea necesario.

Se reconocen expresamente los derechos de la paciente a tener un acompañante de suelección, apego inmediato al recién nacido y acceso al expediente clínico; destacó la legisladora que este tema es relevante para San Luis Potosí como una obligación del Estado Mexicano y la mayoría de las entidades del país, 28 de 32, ya tienen esta regulación.

La violencia obstétrica es una forma específica y sistemática de violencia de género que se ejerce contra las mujeres y personas con capacidad de gestar en el contexto de la atención médica durante el embarazo, el parto, el posparto y el aborto. Constituye una violación a los derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud, a la integridad personal, a la autonomía reproductiva, al trato digno y al libre consentimiento informado.

A nivel nacional, la ENDIREH 2021 reporta que 33.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 vivieron algún tipo de violencia obstétrica; las formas más comunes fueron: trato humillante o regaños, negación o retraso de atención, procedimientos sin consentimiento informado, impedimento de acompañamiento y cesáreas no justificadas.

En San Luis Potosí, la incidencia se ubica por encima del promedio nacional, alcanzando entre 34% y 38%, con mayor afectación en mujeres indígenas y rurales. Estos datos evidencian la urgencia de incorporar esta modalidad de violencia en la Ley estatal para garantizar atención digna, respetuosa y con pertinencia cultural.

En el caso de San Luis Potosí es necesario fortalecer y precisar los mecanismos de atención previstos en su legislación local para asegurar una protección efectiva y actualizada. La iniciativa propone incorporar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado la obligación de elaborar un Protocolo Estatal de prevención y atención y de establecer los requisitos del consentimiento informado en atención obstétrica, incluyendo la obligación de proporcionarlo en lengua materna cuando sea necesario.

Se reconocen expresamente los derechos de la paciente (acompañante de elección, apego inmediato al recién nacido, acceso al expediente clínico). Es de naturaleza normativa y establece obligaciones de protocolo y mecanismos de denuncia que se inscriben en las estructuras institucionales existentes —Secretaría de Salud del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva— sin crear nuevas entidades ni programas que impliquen gasto adicional. 

La iniciativa de la diputada Frinné Azuara se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones de Igualdad de Género y Salud y Asistencia Social.